Principios de justicia de Rawls como proceso de organización social

¿Es posible establecer principios de justicia en la formación legislativa?

En Colombia se presenta una insatisfacción por parte de la ciudadanía, con la forma de hacer política en el país. La reforma a la justicia constituye el principal ejemplo del desinterés institucional en la construcción normativa y la reiteración del desprestigio por el cual atraviesan las instituciones, los partidos políticos y el Congreso de la República.

Históricamente se han presentado estos inconvenientes, en donde se busca solucionar las coyunturas a partir de la modificación de disposiciones constitucionales. La debilidad de la democracia en Colombia, se reflejada en la falta de planificación de reformas normativas, pues cada gobierno tiene su propia propuesta desordenada de modificaciones y emplea gran parte de su periodo de gobierno intentando promover su propia reforma política; lo que genera un desequilibrio entre componentes sociales.

De acuerdo con esto se puede plantear que el cumplimiento y respeto de las leyes debe estar sustentado por la protección de la propia legislación, en cuanto garantice el beneficio general dentro de la sociedad al igual que estimule el cumplimiento de los principios de justicia. 

Para Rawls por ejemplo, la justicia se funda en principios reguladores de las acciones sociales, que fueron creados bajo la premisa según la cual, el hombre actúa superando los intereses singulares; y donde la disposición de los individuos es voluntaria, sustentada en su posición social. La igualdad de los derechos y deberes deben realmente tomarse como principios reguladores validos y reconocidos por los individuos que deben aplicarse en todos los procedimientos institucionales.

El consentimiento de derechos y deberes generales, deben orientase a satisfacer los principios de justicia, que tendrían que conducir a una legislación justa y eficiente. Por esta razón, el proceso de organización social se establece a partir de la igualdad en los derechos y deberes, mediante la formulación de las leyes responsables. 

Es necesario que en la toma de decisiones colectivas exista una representación de sus intereses, por esto la actividad política implica que la participación se pueda vincular las acciones y decisiones fundamentales, ligadas a los poderes consagrados constitucionalmente, como a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Las normas deben responder a la satisfacción de los intereses, necesidades de los ciudadanos sin segregación alguna y pensando en un orden social justo e inteligente. 


Por: Carlos Manuel Ramírez Bravo
Cargo: Estudiante de Derecho
Semillero: Fundamentos
Correo electrónico: carlos.ramirezb@campusucc.edu.co
Sede: Popayán (Cauca)